El servicio civil

Este mes ha sido un artículo publicado en El Periódico de Guatemala el que me ha inspirado para discutir otro tema interesante: el servicio civil. El autor del artículo identifica cuatro retos por las cuales en Guatemala  «ha sido prácticamente imposible alcanzar una verdadera reforma al servicio civil». Los resumo: 

1. Falta de voluntad política de los dirigentes de turno porque utilizan las plazas como moneda de pago por favores políticos;
2. Los sindicatos que impiden que se despida a la gente que ya está en el estado;
3. Costos de una «depuración» del sector público;
4. Falta de acuerdos sobre cómo se quiere manejar el servicio civil. 

El artículo, aunque breve, da mucho qué pensar. Primero que nada, soy de la opinión que las causas no están completas y creo que falta la más importante: en Guatemala se ha llegado a un punto que lo anormal se considera normal. Me explico con un ejemplo: el mismísimo presidente actual de la República cuenta en su libro cómo le ofrecieron el puesto de Director del Sistema Penitenciario: básicamente un amigo, que conocía también al ministro de Gobernación, le avisó que este lo andaba buscando y le dio el número de teléfono. Cuando lo llamó, el ministro le dijo que querían, junto al presidente de la República, verlo para hacerle una propuesta. Fue en esa reunión que el presidente y el ministro le ofrecieron el puesto. 

El Dr. Giammattei, en su relato, no oculta su sorpresa por tal ofrecimiento pues él no tenía ningún conocimiento sobre el manejo de las prisiones; esta falta de experiencia, cuenta, le hizo dudar durante varios días aceptar o no el cargo.  Leyendo entre líneas se desprenden algunos puntos preocupantes: es normal que cuando el presidente de la República cambia que lleve a su propio equipo a nivel político, es decir, ministros para impulsar su agenda y su plan de trabajo. Sin embargo, en este caso, el director del sistema penitenciario, según entiendo, le reporta a un viceministro quien a su vez le reporta al ministro quien le reporta al presidente. Pienso que la intromisión del presidente y del ministro en este nombramiento resquebraja la cadena de mando lo cual debilitando la estructura operacional del estado porque en un puesto eminentemente técnico, en el cual se requieren conocimientos de seguridad, de rehabilitación, de reinserción, etc. se pone a un político en lugar de una persona con las capacidades necesarias.

En su libro, el Dr. Giammattei también cuenta como llevó él mismo a la institución a su propio equipo incluyendo amigos. Incluso cuenta como aceptó en el círculo más estrecho del director a una persona quien llegó porque un conocido lo recomendó. Por cierto (spoiler alert) es a esta persona a quién acusa de haber llevado a cabo los desmanes en la operación de retoma de la granja penal Pavón. Esto significa que cinco o seis niveles de autoridad por debajo del presidente de la República los nombramientos se seguían haciendo por «confianza» y no por capacidad.  

Si el Dr. Giammattei se cuestionó aceptar el cargo por su falta de experiencia, ¿no habría sido lo más correcto no aceptar? Esto en interés de la institución que iba a dirigir, del suyo propio y el del estado. Quiero aclarar aquí que esta no es una crítica contra el presidente de la República actual. El Dr. Giammattei tiene el mérito de haber contado esto con mucha candidez. El problema aquí es el sistema porque ¿qué hubiera pasado si el Dr. Giammattei hubiera rechazado la oferta? Es aquí donde entra lo que describo como el problema principal, es decir, que lo anormal que se vuelve normal: si el Dr. Giammattei hubiera rechazado, le habrían ofrecido el puesto a alguien más. Suponiendo entonces que el Dr. Giammattei aceptó el puesto en buena fe, con la intención de mejorar la institución a pesar de lo difícil que la tarea se anunciaba, su decisión demuestra mucho valor. Pero el hecho es que al cabo de poco más de un año, él se fue dejando de todas formas el lugar a ese «alguien más»... Y vuelta a empezar. 

¿Cómo mejorar la situación? Menciono mi experiencia con el servicio civil europeo: la Comisión, el organismo ejecutivo de la Unión Europea, tiene una entidad a su cargo llamada EPSO (la Oficina Europea de Selección de Personal, por sus siglas en inglés) que contrata para todas las instituciones europeas, incluido el Parlamento (lo que vendría a ser el congreso europeo), la Corte de Justicia y muchas otras. Todos los procesos de contratación se hacen sobre una base competitiva abierta a todos los ciudadanos de los estados miembros. Se hace un gran esfuerzo para que los candidatos sean evaluados de la forma más imparcial posible, es decir, mismos exámenes para todos y mismas preguntas en las entrevistas. Los estados miembros tienden a utilizar procesos similares. 

¿Son esos procesos europeos perfectos? No porque siempre hay un factor humano que tomar en cuenta y para muestra un botón: en las últimas elecciones presidenciales en Francia, el candidato que encabezaba las encuestas de opinión de repente se vio envuelto en un escándalo porque, durante su tiempo de diputado, empleó a su esposa y a sus hijos como asesores pagándoles muy buenos salarios por trabajos bastante cuestionables. Y aquí es donde entra una diferencia fundamental: ¿qué pasó con este candidato francés? Pues que de la noche a la mañana pasó de liderar las encuestas a caer a un lejano tercer lugar. Al final ni siquiera consiguió pasar a la segunda vuelta.

Los procesos europeos no son perfectos, ciertamente, pero hay un esfuerzo sistémico para prevenir las arbitrariedades. Por ello, me atrevo a decir, que son mucho mejores que el clientelismo existente en la mayor parte de América Latina, donde los empleos en el estado son vistos como una forma de retribuir a los colaboradores y financistas de las campañas políticas. Pero no todo está perdido y no hay que darse por vencido. Lo que hay que hacer es aprender: que estos temas se vuelvan una prioridad en la agenda nacional y que la población, durante las campañas políticas para elección de diputados, cuestionen estos temas y que exijan a los candidatos una profesionalización del servicio civil y no plazas para sí mismos. Cuatro años después, si los ofrecimientos no son cumplidos, pues castigar con el voto por alguien más. Va a llevar tiempo, pero ese justamente es el reto de vivir en democracia.  

Ahora bien, la anterior es una propuesta a mediano o incluso a largo plazo que va a requerir, ya sea, voluntad de los políticos para adoptarla, ó, presión de la ciudadanía para que lo hagan. Pero hay otro problema que necesita atención también y que es mencionado en el artículo de El Periódico: «cada administración opta por contratar nuevos elementos, lo cual resulta en un incremento exponencial de trabajadores públicos y la duplicidad de las funciones.» Esto se puede atacar con una moratoria en contrataciones durante dos o tres ciclos electorales (que, por ejemplo, en Guatemala son de cuatro años y en México de seis). Durante ese tiempo no contratar y simplemente esperar que el tiempo, por medio de jubilaciones, partidas voluntarias y depuraciones disminuya la cantidad de personal. Esto también abriría oportunidades de carrera para funcionarios que están ya dentro para evolucionar dentro de la administración pública aprendiendo nuevas competencias para hacerse útiles. Por ejemplo, si hay un exceso de empleados administrativos, se les podría formar como maestros para atender la escasez crónica de personal docente en las escuelas públicas. 

El punto anterior también me lleva a mencionar a los sindicatos, que el artículo presenta como parte del problema al impedir despidos de personal. Puede que esto sea cierto pero también hay que tomar en cuenta que esos grupos sirven para evitar arbitrariedades cometidas contra el personal. Une ejemplo de tales arbitrariedades fue mencionado en un artículo de Prensa Libre en la cual un trabajador en una entidad del estado fue suspendido quince días sin goce de salario por el simple hecho de «ver a los ojos» a uno de sus jefes. Si esto es cierto -la nota incluye la resolución que dice que el empleado «cometió una falta irrespetando» al jefe en cuestión, sin entrar en detalles- parece algo excesivo, incluso un abuso de autoridad. La defensa de la dignidad del trabajador frente al poderoso patrón tiene que ser también un pilar dentro de un estado democrático aunque esto no signifique que los sindicatos no necesiten ser reformados para adaptarse mejor a las necesidades de sus afiliados y de la sociedad en general.