El 15 de agosto de 2020, publiqué el segundo tomo de la serie «Justicia criolla», llamado «Debido proceso». El primer libro, «El crimen del extranjero» cuenta la historia de cómo el ciudadano francés Charles Dubois, luego de haber sobrevivido a la «justicia popular» en el pueblo Arretenango de la ficticia República de Los Altos, es consignado y encarcelado por un comisario de la Policía, cuyo pasado dudoso le ha negado las oportunidades de carrera que cree merecer y que ve, en el caso del francés, un medio para alcanzar el tan anhelado avance profesional. «Debido proceso» sigue el juicio al que es sometido el francés, defendido por un joven e idealista abogado quien aprovecha sus vínculos con Francia para promover un proceso paralelo en la nación europea pero que se jugará en los medios de comunicación en lugar de los tribunales.
El libro explora los niveles escandalosos de corrupción a los que ha llegado el sistema de justicia de Los Altos. Esto, desgraciadamente, se inspira de la realidad de los países latinoamericanos en los que los sistemas judiciales están, con demasiada frecuencia, sometidos a intereses políticos que hacen que la independencia de la justicia sea una mera utopía. Esto se ve, por ejemplo, en los procesos de selección de los magistrados de las diferentes cortes.
Doy el ejemplo de Guatemala, mi país natal: en este país los magistrados son renovados periódicamente. Por ejemplo, los magistrados de las dos más altas cortes del país, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad (encargada esta última, en teoría, de dirimir disputas que conciernen exclusivamente la Constitución) son electos, en bloque, cada 5 años. Es cierto que los magistrados son propuestos por diferentes sectores e instituciones de la sociedad, pero el resultado es que, para ser electo, un abogado tiene que hacer una verdadera campaña política para, primero, ser incluido en la nómina de candidatos y, segundo, ser electo. En estas circunstancias es irracional esperar que los magistrados actúen de forma apolítica pues, para conseguir el puesto y eventual renovación, necesitan agradar a aquéllos que los nombran.
En el escenario guatemalteco, los magistrados pueden ser presionados, como lo mencioné, por la política pero también pueden ser comprados. Pero cuando un magistrado (juez, o miembro de una alta corte) alcanza una decisión, es muy difícil probar si esta fue basada en una interpretación de la ley emanada de sus valores morales (lo que se esperaría) o si está decidiendo en función de presiones políticas o por alguna prebenda que recibió. Esto genera en la población la sensación de que el sistema de justicia está vendido. En Guatemala, esto explotó en 1993, cuando el Presidente de la República se hartó y ordenó la disolución de la Corte Suprema de Justicia. Es cierto que este movimiento fue completamente ilegal y, afortunadamente para el país, el orden constitucional fue restablecido en cuestión de días, pero el Presidente tenía el mérito de haber diagnosticado bien el problema, aunque la cura que quería aplicar era peor que la enfermedad.
Otro ejemplo interesante es el de los Estados Unidos de América: allí los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son propuestos por el Presidente de turno y confirmados por el Senado de forma vitalicia. Esto significa que el magistrado puede que tenga que soportar presiones políticas de los funcionarios que los pusieron allí, pero sabiendo que tanto Presidente como senadores tienen un período limitado, una vez que éstos quedan fuera del poder, el magistrado está en total libertad para juzgar interpretando la ley según su conciencia.
¿Es el sistema de ls Estados Unidos mejor? Es difícil decirlo. En este análisis superficial pareciera que, en el mediano plazo, reduce la presión política sobre un magistrado e investigado para este artículo, no pude encontrar ninguna referencia a algún caso de un magistrado de la Corte Suprema que haya sido consignado (indicted) por corrupción.
El segundo punto que «Debido proceso» explora es la condescendencia con la que los países desarrollados ven los sistemas legales en países que ellos perciben como teniendo un nivel de desarrollo inferior. Varios han sido los casos en los que países se han enfrentado, medios de comunicación de por medio, los unos para proteger a sus ciudadanos y los otros para hacer justicia por crímenes cometidos en sus estados. Enfrentamientos de este tipo entre Francia y México, Estados Unidos e Italia, Francia y Corea del Sur inspiraron en parte la historia de libro. Los dos últimos son particularmente interesantes pues es difícil decir que Italia sea menos desarrollada que los Estados Unidos o que Corea del Sur sea menos desarrollada que Francia, pero en ambos casos se ha dado una importancia exagerada a la mencionada percepción sobre las leyes, los hechos, las pruebas y, sobre todo, las víctimas.
Espero entonces que disfrute de «Debido proceso». Sus comentarios, tanto aquí como en Amazon serán más que bienvenidos.
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